Resumen

La Constitución Política en su artículo 40.1 establece como derecho fundamental el de elegir y ser elegido. Sin embargo, la misma Carta y la ley sujetan su ejercicio y materialización al cumplimiento de ciertas reglas, las cuales tienen como sustento el interés general, la igualdad y el ejercicio eficiente de la función pública. Dentro de los ejemplos más conspicuos de este tipo de reglas, pueden mencionarse las inhabilidades que erige el ordenamiento para ocupar cargos de elección popular. Se trata, como lo ha definido la jurisprudencia constitucional y contencioso–administrativa, de un grupo de situaciones –que amalgamando circunstancias relativas al parentesco, la indignidad y/o al desempeño de funciones públicas– impiden a la ciudadanía el ejercicio del derecho al sufragio pasivo, mediante la postulación de sus nombres en el marco de las elecciones que, periódicamente, se desarrollan en el país. En nuestros días, la temática de las inhabilidades adquiere una importancia trascendental, de cara a la proximidad de las elecciones territoriales que se llevarán a cabo en el país. En ese orden, la publicación que se presenta a la comunidad jurídica pretende abordar las consecuencias, no solo judiciales de la transgresión del régimen de inhabilidades, sino también sus efectos administrativos, destacándose dentro de estos últimos, la revocatoria de la inscripción por parte del Consejo Nacional Electoral.